El día 8 de septiembre, el Secretario de Hacienda, Luis
Videgaray Caso, entregó al Congreso de la Unión el paquete económico para 2014
y la iniciativa de reforma hacendaria del Gobierno Federal. Dicha iniciativa
está claramente situada a la izquierda del espectro político, evidencia de esto
es su enfoque social, concretamente la inclusión de una pensión universal y un
seguro de desempleo, así como nuevos impuestos destinados a redistribuir el ingreso
y la eliminación de regímenes preferenciales. Quizás la evidencia más clara de
que el Ejecutivo ha decidido inclinarse a la izquierda es que el PAN hizo
patente su rechazo a la iniciativa inmediatamente.
En términos políticos, lo más relevante de esta
iniciativa no es lo que contempla sino lo que deja fuera, con esto me refiero
al cobro de IVA a alimentos y medicinas, sin duda el tema más controversial en
materia fiscal en los últimos años. Hay quienes argumentan que la
generalización del IVA es algo positivo dado que, por su carácter de impuesto al
consumo, es la única herramienta con la que cuenta el Estado para cobrar
impuestos a quienes trabajan en la informalidad. En contra de la aplicación de
este gravamen están quienes opinan que sería un golpe devastador a las clases
bajas, a ese 51% de la población que vive en pobreza y gasta arriba del 40% de
su ingreso en alimentos. A fin de cuentas, el gobierno ha decidido posponer
esta medida (porque eventualmente alguien tendrá que asumir el costo político de
promoverla) a pesar de que la OCDE la ha defendido como estímulo para el
crecimiento económico.[1]
De lo que sí está contenido en la iniciativa del
Presidente, lo más destacado es probablemente el aumento de 2% al ISR para
quienes perciben un salario de más de 500 mil pesos anuales. Con este
incremento el porcentaje queda en 32%. Ya había expresado en este mismo espacio
que aumentar los porcentajes o agregar deciles a la escala (que habría sido lo
ideal) es una de las mejores formas de redistribuir el ingreso. En mi opinión
este aumento va en la dirección correcta pero no es suficiente, en Estados
Unidos el porcentaje que corresponde al decil más alto de ingresos es de 39.6%[2] y aún hay quienes
argumentan en ese país que no es suficiente para combatir la desigualdad.
La iniciativa contempla también cobrar IVA a colegiaturas
(medida que ha sido recibida con rotundo rechazo incluso dentro del PRI, es muy
probable que sea eliminada de la reforma), bebidas azucaradas (con el argumento
de que además de recaudar ataca el problema de obesidad en el país), chicles y
alimento para mascotas. Sobre este último he visto reacciones negativas en el
sentido de que poseer una mascota no debe considerarse un lujo. No estoy de
acuerdo, si pensamos en términos de necesidades de toda la población (que es lo
que un buen secretario de Hacienda debe hacer) es claro que el alimento para
mascotas no es de ninguna forma un producto esencial, es desde ese punto de
vista un lujo, así como los chicles que al no ser un alimento sí deben estar
sujetos al IVA. Sin embargo, haciendo eco de los reclamos de los “defensores de
los animales” creo que el gobierno debe hacer algo para resolver el problema de
los cientos de miles de perros y gatos abandonados en las calles que, además de
ser una amenaza para la salubridad, son producto de la cría irresponsable. En
este sentido creo que podría proponerse una exención en el pago de IVA en
alimentos para animales a los refugios que comprueben que su labor es efectiva
y sin fines de lucro. Habrá que turnar esto a SEMARNAT, pero en cuanto a
particulares lo siento pero tener una mascota sí debe considerarse un lujo.
La reforma contempla también homogeneizar el cobro de IVA
en todo el territorio nacional ya que actualmente en los estados fronterizos es
de 11%. Argumentos a favor: Esta diferencia profundiza las desigualdades, no
hay justificación para que quienes menos tienen en estados como Oaxaca paguen
más que quienes viven en Chihuahua o Baja California. En contra está la
perspectiva de que quienes viven cerca de la frontera con Estados Unidos hagan
sus compras allá, generando pérdidas para establecimientos mexicanos.
La crítica principal contra la reforma que propone Peña
Nieto es que impacta a la clase media y no busca ampliar la base de
recaudación. Si bien es cierto que el pacto fiscal en México no funciona como
debería, es muy complejo generar los incentivos para que la gente abandone la
informalidad. Por lo pronto esta reforma propone un régimen de incorporación
fiscal por medio del cual quienes deseen incorporarse al mercado formal,
durante el primer año sólo deberán declarar sus ingresos, no se les cobrará
nada, y progresivamente se les irá gravando de manera que eventualmente
alcancen el mismo porcentaje que todos los demás, obteniendo así acceso a la
seguridad social.
Finalmente, se proponen dos medidas que tendrán un
impacto en las clases más altas: se acotan los regímenes preferenciales como el
régimen de consolidación que actualmente permite a un conglomerado de empresas
presentar una declaración conjunta evadiendo así su responsabilidad fiscal, y se
propone un impuesto de 10% a las utilidades obtenidas en la bolsa de valores.
¿Es suficiente? Probablemente no pero tampoco puede decirse que no se hace nada
para cobrar impuestos a quienes más tienen.
Es una reforma poco ambiciosa, a pesar de lo que diga el
gobierno, pero va en el sentido correcto. Hay que entender que como cualquier
otro intento de cambiar el statu quo,
reformar la Constitución implica negociar y conceder. Hasta ahora el Presidente
ha sido flexible en cuanto a su plan de gobierno en aras de sostener el Pacto
por México, ya veremos si su apuesta funciona pero por lo pronto hemos podido
superar la parálisis legislativa de los últimos años y hay buenas perspectivas
para el futuro.
[1]
“Sugiere OCDE cobrar IVA en alimentos y medicinas” http://www.eluniversal.com.mx/notas/923547.html
[2] Los
impuestos sobre la renta de las
personas en los Estados Unidos, http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/estados-unidos/impuestos-sobre-la-renta
