El Presidente Peña Nieto presentó el lunes su iniciativa
de reforma energética que, como era de esperarse, es un punto medio entre lo
que presentó Acción Nacional hace unas semanas y lo que ha venido diciendo la
izquierda en los últimos años. El PRD presentará su iniciativa la próxima
semana pero no se necesita ser adivino para saber que de inversión privada no
habrá nada.
La propuesta del Presidente contempla cambios a los
artículos 27 y 28 de la Constitución para retomar “palabra por palabra” las
reformas del General Lázaro Cárdenas (guiño a los perredistas más moderados y a
la corriente de izquierda dentro del mismo PRI) permitiendo así la participación
de la iniciativa privada en toda la cadena de valor de los hidrocarburos en los
términos que al Estado convenga.
Fragmento de la redacción actual del artículo 27
constitucional:
“TRATANDOSE DEL PETROLEO Y DE LOS CARBUROS DE HIDROGENO SOLIDOS,
LIQUIDOS O GASEOSOS O DE MINERALES RADIOACTIVOS, NO SE OTORGARAN CONCESIONES NI
CONTRATOS, NI SUBSISTIRAN LOS QUE EN SU CASO SE HAYAN OTORGADO” [1]
Aquí la redacción del párrafo sexto del artículo 27 publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940 y que estuvo
vigente hasta 1960:
“Tratándose del petróleo y de los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos no se expedirán concesiones y la Ley
Reglamentaria respectiva determinará la forma en que la Nación llevará a cabo
las explotaciones de esos productos.” [2]
Se pretende retomar esta redacción para permitir al
Estado celebrar contratos (no otorgar concesiones) con particulares para la
extracción de gas y petróleo.
El otro artículo que la iniciativa pretende reformar es
el 28, la modificación que se propone permitirá la participación del sector
privado en el resto de la cadena de valor, particularmente lo tocante a la
petroquímica. Este artículo denomina a la petroquímica básica como “área
estratégica del Estado” por tanto cerrada a la participación de privados, al
sustraer de dicha clasificación todo lo referente al procesamiento de gas
natural, la refinación del petróleo, así como el transporte, almacenamiento,
distribución y comercialización de dichos productos y sus derivados, podrá
haber participación de capital privado también en estos sectores.
La figura jurídica que el gobierno propone son los “contratos
de utilidad compartida”. La palabra clave aquí es utilidad, países como Brasil
y Colombia emplean tres modalidades de contratos con particulares, de
producción compartida, de concesiones y de utilidad compartida. La principal
diferencia entre estas es que la última modalidad es la única que garantiza que
el Estado sea el único dueño del petróleo durante todo el proceso, los particulares
reciben un margen de las utilidades tras la venta del petróleo pero nunca
tienen derechos sobre éste, se les paga en efectivo, no en especie. Esta
modalidad permite al Estado tener más control sobre los hidrocarburos al tiempo
que comparte el riesgo con los particulares. Es importante destacar en qué
consiste este “riesgo”. Abrir un pozo en aguas profundas (donde puede haber o
no petróleo, el porcentaje de éxito es de menos de 50%) tiene un costo de
alrededor de 200 millones de dólares. Actualmente PEMEX es quien asume este
riesgo, permitir la entrada de inversión privada aligerará la carga para la
paraestatal permitiéndole explotar más, incrementando su producción y
aumentando así la renta petrolera.
Queda la impresión de que el Presidente podría haber arriesgado
más con esta iniciativa, si bien es un gran avance para México y pone sobre la
mesa un tema que históricamente ha sido tabú para los mexicanos, podría haber
incorporado otras modalidades de asociación con particulares así como
modificaciones al Consejo de Administración de PEMEX que actualmente incluye a
cinco miembros del sindicato petrolero, agrupación presidida por el infame
Carlos Romero Deschamps.
Lo bueno: la apertura de PEMEX a la inversión privada.
Lo malo: en todo el documento no se menciona la palabra
corrupción. PEMEX está sobresaturada, mal administrada y subyugada por el
sindicato. Ni Shell ni Exxon ni ninguna otra van a venir a resolver eso por
nosotros, eso le toca al gobierno.
[1] Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/28.htm?s=
[2]
Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://presidencia.gob.mx/reformaenergetica/assets/descargas/Reforma_Energetica.pdf?d5cae4a308cdfb6f9d16325c3162697d
